Artículo de Francesc Triola, director general de COMRàdio, publicado en El Periódico 
Los firmantes de este artículo lo hacemos en nuestra exclusiva condición de periodistas. Es importante aclararlo desde el principio, pues lo aquí expuesto obedece solo a criterios profesionales y no a los intereses de nuestras respectivas empresas. La Associació Catalana de Ràdio (ACR), institución que agrupa a las emisoras privadas del país, ha remitido un documento al Govern que, bajo el ampuloso título Informe sobre la necessitat d'introduir els principis i tècniques jurídiques de menor restrictivitat, intervenció mínima, autoregulació i simplificació administrativa en el sistema audiovisual privat, recomienda llanamente y con llamativa suficiencia al nuevo ejecutivo autonómico las iniciativas y modificaciones que, a su peculiar juicio, precisa el sector. La recomendación más importante -mejor sería decir exigencia- es el cierre de las emisoras públicas que configuran COMRàdio.
Otras propuestas de la ACR son la supresión de la publicidad y limitar la concesión de espectro para las radios públicas; menor control por parte del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) a las privadas; el cierre de las emisoras piratas, y no conceder frecuencias al denominado tercer sector.
Como profesionales del periodismo, los mencionados son debates que entendemos pueden y deben realizarse en el marco democrático donde todas las partes ponen en juego sus porciones de razón. Lo que nunca podremos aceptar bajo ningún concepto es que se plantee el cierre de un medio de comunicación por razones políticas. Esto no ocurre en las democracias, solo en las dictaduras. En España, los últimos medios que se clausuraron por motivaciones políticas fueron el diario Madrid, en pleno franquismo, y más recientemente, aunque en el contexto difícil del País Vasco, el periódico Egunkaria.
Nos resulta chocante y doloroso que esta propuesta repleta de maximalismos interesados haya partido de una asociación entre cuyos directivos abundan periodistas de larga trayectoria, incluso algunos con grandes reconocimientos profesionales. La madurez de las democracias se mide por la pluralidad de medios de comunicación, por la ausencia de discursos únicos y por la constructiva diversidad de opiniones y líneas editoriales. Y en este sistema que se reclama una democracia de calidad deben convivir medios privados y públicos, porque estos últimos son los que deben garantizar el acceso de los ciudadanos a la información. Una cosa son los debates sobre cómo deben financiarse y regularse estos medios públicos, y otra muy distinta cuestionarse su existencia misma, por añadidura con tanta ligereza como ánimo de lucro excluyente.
Conviene refrescar una obviedad: los medios privados son empresas, y el objetivo de toda empresa, por definición, es tener cuantos más beneficios mejor. Y debe obtenerlos a partir del producto que ofrece, es decir, de sus contenidos. Parece de toda lógica que estos medios difundan aquellos contenidos que les proporcionan audiencia y por tanto ingresos, básicamente de la publicidad para conseguir cuentas de resultados positivas para sus accionistas. Una comercialización que, sin embargo viene a cuento recordarlo, se realiza por lo general a costa de la desaparición de todo vestigio de utilidad pública no rentable, pese a servirse de un espacio radioeléctrico público.
Por eso es importante también la coexistencia de un servicio de comunicación sostenido por los gobiernos centrales, autonómicos y locales que dé cabida y sentido a aquellas realidades quizá no rentables pero a las cuales los ciudadanos tienen derecho y la Administración se halla obligada a emitir.
En el desmesurado escrito que la ACR ha remitido al Govern se intenta sostener que uno de los motivos por los que solicita el cierre de COMRàdio es que pretende convertirse en «cadena pública seudomunicipal». Es la primera vez que escuchamos tal definición y cuesta comprender qué quiere decir la ACR con «seudomunicipal». Pero aun estando dispuestos a ser intelectualmente generosos y aceptar el término, nos preguntamos: ¿ser seudomunicipales constituye un crimen suficientemente atroz que merezca el cierre de una radio?
La patronal de la radio privada omite interesadamente que desde COMRàdio y el Consorci de Comunicació Local (CCL) se pone a disposición de las radios públicas municipales una oferta descentralizada con contenidos elaborados desde las diferentes emisoras y se brinda apoyo técnico, jurídico y formativo a más de 140 estaciones locales, la mayor parte de ellas extraordinariamente modestas en recursos.
Los firmantes entendemos el compromiso de los periodistas con nuestra profesión trabajando de manera rigurosa y constante por fortalecer las condiciones que permiten ejercerla en una democracia. Y esto solo se obtiene con el respeto escrupuloso a la pluralidad y sus circunstancias. Lo contrario atenta directamente contra el núcleo de nuestro delicado oficio: la libertad de expresión.
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